Asimismo, para ser incluidas en esta clasificación, las compañías deberán cumplir otros requisitos, como proporcionar un servicio de plataforma central en al menos tres países de la Unión Europea, y tener al menos 45 millones de usuarios finales mensuales, así como más de 10.000 usuarios comerciales. Sin embargo, estos umbrales no impiden que la propia Comisión designe a otras empresas como “guardianes” cuando cumplen determinadas condiciones.
El objetivo del documento es evitar que las grandes compañías impongan condiciones injustas tanto para consumidores como para otras empresas. En este sentido, las enmiendas incluyen requisitos adicionales sobre el uso de datos en la publicidad dirigida o basada en rastreo, es decir, aquellas prácticas publicitarias que emplean datos personales para orientar los mensajes de marketing. Esto estaría alineado con las reclamaciones realizadas desde The Tracking-Free Ads Coalition, que desde hace meses han tratado de movilizar a los distintos agentes del sector en busca de apoyo para agregar una prohibición sobre la publicidad basada en trackeo a las nuevas normativas.
Así, el texto indica que las compañías en estatus de “gatekeepers” “se abstendrá de combinar datos personales con el fin de entregar publicidad dirigida o micro-dirigida para sus propios fines comerciales y la colocación de publicidad de terceros en sus propios servicios”, excepto si hay un “consentimiento claro, explícito, renovado e informado”, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos. Concretamente, los datos personales de los menores no se procesarán con fines comerciales, como el marketing directo, la elaboración de perfiles y la publicidad dirigida al comportamiento.
Además, los eurodiputados han acordado facultar a la Comisión para imponer «soluciones estructurales o de comportamiento» cuando los “guardianes” se hayan involucrado en un incumplimiento sistemático. En particular, la nueva versión del documento prevé que la Comisión restrinja la posibilidad de que las grandes compañías tecnológicas lleven a cabo adquisiciones -“killer acquisitions” según se define- en áreas relevantes para la Ley de Mercados Digitales. Además, estas organizaciones estarían obligados a informar a la Comisión de cualquier concentración prevista. El objetivo de este punto es prevenir un mayor daño al mercado interior.
Las enmiendas aprobadas mantienen la aplicación de la DMA en manos de la Comisión, aunque esta se llevará a cabo en colaboración estrecha con las autoridades nacionales de competencia. A este respecto, se propone la creación de un grupo europeo de alto nivel de reguladores digitales con el objetivo de facilitar la cooperación y la coordinación entre el organismo y los Estados miembros en sus decisiones.
Asimismo, se estipula que la Ley de Mercados Digitales debería garantizar las disposiciones adecuadas para permitir a los denunciantes alertar a las autoridades competentes sobre infracciones reales o potenciales de este reglamento y protegerlos de represalias. En el apartado de multas y sanciones, el documento determina que si un “Gatekeeper” no cumple con las reglas establecidas, la Comisión podrá imponer multas de no menos del 4% y no más del 20% de su facturación mundial total en el año financiero anterior.